La construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel impulsada por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, demandó una inversión de al menos US$115 millones, según las propias declaraciones del mandatario. Sin embargo, una investigación periodística identificó documentos que sitúan el presupuesto de la obra por encima de los US$135 millones.
La diferencia entre ambas cifras responde, en parte, a que Bukele señaló que US$100 millones correspondieron al terreno y la construcción, mientras que los US$115 millones incluyeron también el equipamiento tecnológico y los implementos para los agentes penitenciarios. El monto superior proviene de un documento municipal sobre el presupuesto del proyecto, pero no representa necesariamente el gasto final ejecutado.
El CECOT fue inaugurado en enero de 2023 y tiene capacidad para albergar hasta 40.000 internos. Si se toma como referencia la inversión de US$115 millones, el desembolso equivale a unos US$2.875 por cada plaza disponible. Con el presupuesto de US$135 millones, la relación se eleva a aproximadamente US$3.375 por plaza. Se trata de una comparación referencial de inversión inicial, no del costo de mantener a cada interno.
El gasto penitenciario de El Salvador se duplicó
Más allá de la construcción de la megacárcel, el principal compromiso económico para el Estado salvadoreño es financiar el funcionamiento de todo su sistema penitenciario: alimentación, salarios del personal, vigilancia, servicios básicos, mantenimiento y otros gastos operativos.
Según cifras del Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda de El Salvador, entre enero de 2020 y diciembre de 2024 el país destinó US$531,3 millones a su sistema carcelario, un promedio de US$106,2 millones al año.
El gasto fue considerablemente mayor al registrado durante el quinquenio anterior. Entre 2015 y 2019, el desembolso sumó US$276,1 millones, equivalente a un promedio anual de US$55,2 millones. De esta manera, el gasto promedio en el sistema penitenciario prácticamente se duplicó en el periodo siguiente.
El incremento coincidió con la aplicación del régimen de excepción, iniciado en marzo de 2022, y la posterior inauguración del CECOT. En marzo de 2025, Bukele afirmó que mantener el sistema penitenciario costaba alrededor de US$200 millones al año, una cifra superior al promedio de ejecución registrado entre 2020 y 2024.
¿Puede el sistema penitenciario financiar parte de sus gastos?
El gobierno de Bukele ha planteado que el sistema penitenciario podría avanzar hacia la autosostenibilidad mediante el trabajo de los internos. En marzo de 2025, el mandatario sostuvo que más de 40.000 reclusos participaban en talleres y labores del programa denominado ‘Ocio Cero’, y señaló que estas actividades podrían contribuir a cubrir parte de los costos del sistema.
Otro mecanismo de financiamiento surgió del acuerdo con Estados Unidos para recibir a personas deportadas y recluirlas en el CECOT. En marzo de 2025, Bukele informó que su país recibiría US$6 millones anuales por el alojamiento de un grupo de ciudadanos venezolanos enviados por el gobierno estadounidense.
Aunque estos ingresos pueden contribuir al financiamiento penitenciario, no deben confundirse con una recuperación de la inversión realizada en la construcción del CECOT ni permiten concluir que el sistema pueda cubrir por sí mismo sus gastos.
La falta de información impide conocer el costo exacto
Uno de los principales obstáculos para evaluar la rentabilidad y el impacto fiscal de este modelo es la falta de información pública detallada sobre la construcción y operación de las cárceles.
Una investigación del medio salvadoreño Voz Pública encontró que el presupuesto del CECOT superaba los US$135 millones, pero no pudo acceder a los contratos ni a los documentos de ejecución de la obra. Posteriormente, una revisión de PerúCheck señaló que los presupuestos, diseños, contratos y gastos relacionados con el proyecto permanecían clasificados como información reservada por siete años.
Por ello, aunque el gobierno ha presentado el CECOT como una infraestructura construida a bajo costo y ha planteado que el trabajo de los internos ayude a financiar el sistema, todavía no existe información pública suficiente para determinar cuánto costó finalmente la megacárcel ni qué proporción de los gastos penitenciarios puede recuperarse mediante esas actividades.
La inversión inicial de más de US$100 millones es solo una parte de la ecuación: el sostenimiento de la infraestructura y del conjunto de prisiones representa un gasto recurrente que debe ser asumido por el presupuesto público.
